Discriminacion en el ejercicio del derecho a la vivienda

El código de mayor vigencia en el país, cita dentro de los párrafos que lo integran, “queda prohibida toda discriminación  por motivos de origen étnico o nacional, el genero, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga como objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas”.

         De dicha literalidad, se aprecia que está prohibido menoscabar los derechos de los gobernados, según el diccionario para Juristas del Autor Juan Palomar de Miguel, este define el vocablo “menoscabar” (De menos y cabo) disminuir las cosas, restándoles una parte” lo que claramente se comprende como una prohibición al  Poder Constituido por parte del Código mayor, para que aquel, tenga como obligación satisfacer y aplicar los derechos conferidos a favor de los gobernados o habitantes de el territorio donde dicha pieza normativa tiene aplicación y vigencia.

         Recordando que dicho mandamiento se encuentra dentro de la parte dogmática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se eleva a Derecho Humano y garantía.

         Dentro de las diversas fracciones que integran el contenido del artículo 4° de la “CPEUM” encontramos el párrafo sexto que a la letra cita:

         “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley  establecerá  los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar dicho fin”

         Bien, ya que de este párrafo se encuentra el beneficio dado por la norma de mayor jerarquía para que toda familia tenga derecho a vivienda, aunque categóricamente inserta el termino “familia” lo que se puede considerar como un termino que no es claro, ya que omite  que el otorgamiento de vivienda se restrinja únicamente a las personas que se encuentra del estado civil de una familia.

         El articulo 123 del citado código mayor, se compone por dos incisos, mismos que se identifican como el “A” y el “B”, el primero cita: a).- entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos y de una manera en general, todo contrato de trabajo”

         Lo que origina la relación laboral entre los denominados patrones y los trabajadores de empresas instaladas por la iniciativa privada o llamada clase empresaria, obligación que  se señala en los términos del fracción XII, del inciso “A” y que esta menciona:

         “Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajadores estará obligada según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas” además sigue diciendo, además esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan  a un fondo nacional para vivienda.

         Y que de la lectura de dicho mandamiento, se determina claramente que los patrones son lo que mediante el pago de una cuota tributaria, depositada al fondo de vivienda, este creará físicamente las viviendas, lo que claramente no cumple con el mandato constitucional, ya que obliga a una parte, en este caso a los empresarios a satisfacer con dicha obligación.

         Otro escenario es el manifestado por el inciso “B” del citado artículo 123 de la “CPEUM”  y que este cita:

         b).- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores.

         Lo que de la simple lectura este inciso protege mediante la creación de la diversas párrafos e incisos que constituyen este, lo derechos a las personas que laboran para el estado, lo que mejor conocemos como la clase burocrática, y dentro de la fracción XI inciso “f” encontramos que dice:

         f).- Se proporcionara a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados, Además el Estado, mediante las aportaciones que haga, establecerá el fondo nacional de vivienda a fin de constituir depósitos a dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente”.

         Lo que curiosamente origina una preferencia a una serie de gobernados que por ser parte de la fuerza laboral del Estado, estos reciben beneficios diferentes a la totalidad de los habitantes, es decir una serie de atribulaciones únicamente para ellos.

         Analizándose los incisos en comento el “A” y el “B” del numeral en cuestión es claro poder decir, que el primero de estos el poder acceder a una vivienda digna corresponde primeramente a las aportaciones que tiene la obligación de cumplir al empresario o patrón, argumentando además que este podrá ingresar dentro del producto terminado y que oferta el costo de dicha aportación.

         En el inciso “B” que corresponde al Gobierno, en sus tres ordenes, esta aportación se efectúa mediante el ingreso que el ente gobernativo adquiere conforme a la Ley de Ingresos y su Presupuesto de Egresos, pero hay que citar de dichos ingresos son mediante el pago de obligaciones tributarias impuestas a las personas físicas y personas morales, lo que ya no es igual o equitativo.

         Porque simple y sencillamente se omite señalar el procedimiento a las personas independientes, es decir a los profesionistas, a los pequeños empresarios, o simple y sencillamente trabajadores autónomos que estos no se encuentran dentro de dichas fracciones o encisos.

         Las recientes reformas a los artículos 1° y 133, de la “CPEUM” abren actualmente una posibilidad a esas personas que no se encuentran dentro de los ya citados párrafos, puesto que las mismas confieren el derecho de aplicar los diversos tratados internacionales en los que Mexico es parte.

         Primeramente la omisión que se encuentra en la legislación mexicana, respecto al derecho de petición o adquisición de una vivienda, es real en dichas fracciones se precisan mecanismo  para obtener los créditos para la obtención de dicha vivienda, pero se omite señalar algún recurso expreso mediante el cual se pueda combatir la falta de calificación de dicho crédito, asi como también como combatir un resultado en forma negativa,  en ese supuesto se encuentra las tres clase de trabajadores, si asi se puede citar.

         Conforme a la Jurisprudencia Interamericana sobre Derechos Humanos, nacida de los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, encontramos el contenido del artículo 25 de dicho instrumento, mismo que cita:

         “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

         De dicho artículo se desprende la obligación de que todos los Estados, tienen la obligación general de garantizar y satisfacer el libre ejercicio de los derechos otorgados por la Convención, a todo gobernado, que se encuentre bajo su competencia.  

         Respecto a la forma de adquirir una vivienda se ha dicho que se da una discriminación a las personas que no se encuentran dentro de los multicitados inciso, respecto a este acto encontramos el criterios dado por al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, identificable como el Caso Yatama, VS. Nicaragua. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de Junio de 2005. Serie C. No. 127; y donde encontramos el concepto en estudio,  DESCRIMINACION, es una distinción que carece de justificación objetiva y razonable.

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